El abrazo entre la “mano invisible” del mercado y la “mano dura” del Estado policial.

Marcelo Córdoba

El abrazo entre la “mano invisible” del mercado y la “mano dura” del Estado policial. <br> <p class="autor"> Marcelo Córdoba </p>

Algunas reflexiones sobre neoliberalismo y autoritarismo punitivo a partir del caso Chocobar.

Ilustración: Ramiro Rosende.

 

 

El 1 de febrero el Presidente Mauricio Macri y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibieron a Luis Chocobar en la Casa Rosada. El encuentro no representó apenas un gesto de apoyo al policía, quien fuera procesado y embargado por asesinar de un disparo por la espalda a Juan Pablo Kukoc, uno de los jóvenes que asaltaron y apuñalaron a un turista en La Boca. Bullrich incluso fue más allá, afirmando que el respaldo a Chocobar anunciaba un “cambio de doctrina” que se plasmaría eventualmente en una reforma del Código Penal.

Conforme a esta nueva doctrina, la presunción de inocencia beneficiaría por regla a las fuerzas de seguridad, legitimando cualquier accionar policial en el marco de un “enfrentamiento”. El Gobierno hasta se comprometió, también según Bullrich, a llevar adelante el cambio antes de toda reforma legislativa o jurisprudencial: “Los jueces que hagan lo que quieran, nosotros vamos a ir en defensa de los policías”.

La gravedad y los peligros del gesto de Macri, así como el despropósito del subsecuente anuncio de Bullrich, fueron señalados por numerosas voces críticas, pero también desde el seno mismo de la coalición gobernante Cambiemos. El dirigente de la UCR Ricardo Gil Lavedra (ex integrante del tribunal del Juicio a las Juntas Militares) fue doblemente taxativo en su apreciación: por un lado, cualquier reforma que concediera una presunción de inocencia absoluta a los agentes policiales sería inconstitucional; y por otro, un incremento del punitivismo y la represión no trae más seguridad, sino por el contrario más violencia a inseguridad para el conjunto de la población.

La resonancia del caso fue amplificada por la difusión del video del momento en que Chocobar ultima a Kukoc, captado por una cámara de seguridad. Este video acabó demostrando que el policía en un principio había mentido: los disparos no fueron en legítima defensa, cuando los realizó el delito ya había concluido y el delincuente huía desarmado. Conforme a esta prueba, la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Chocobar, endureciendo además la calificación del crimen al considerar que no había existido legítima defensa, sino exceso en el cumplimiento del deber por el uso del arma de fuego. Así y todo, el Gobierno ratificó su respaldo al policía.

Ahora bien, más allá de su particular resonancia, el caso se presenta como una de las últimas manifestaciones de una tendencia general, inscribiéndose en una línea de continuidad con anteriores expresiones de la escalada represiva y punitivista. La brutal represión a las protestas contra la reforma previsional en diciembre –a manos de la Gendarmería primero, y de la Policía de la Ciudad después–; el asesinato en Bariloche del manifestante mapuche Rafael Nahuel, también por un disparo en la espalda a manos de la Prefectura –ocasión en que Bullrich esbozara por primera vez su doctrina de la inocencia automática de las fuerzas de seguridad–; la muerte de Santiago Maldonado en el contexto de un violento desalojo y una ilegal incursión de la Gendarmería en tierras mapuches; la represión y detención arbitraria de quienes se manifestaron en la Plaza de Mayo por el esclarecimiento de este caso, cuando se cumplió un mes de la desaparición de Maldonado, fueron sólo algunas de las más elocuentes expresiones de esta tendencia.

La escalada represiva y punitivista operada por las fuerzas de seguridad a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (a la que no dejaron de plegarse, por cierto, las fuerzas locales: Chocobar, por caso, revistaba en la Policía de Avellaneda) se articula con otros desarrollos concomitantes. La aplicación arbitraria, por parte de un sector del Poder Judicial, de la prisión preventiva, comporta el atropello institucionalizado a uno de los principios básicos del Estado de Derecho. En un proceso inversamente simétrico, la presunción de inocencia que el Gobierno pretende extender de manera absoluta y automática a todos los funcionarios policiales, es la misma que la Justicia sistemáticamente escamotea a ex funcionarios y dirigentes opositores.

Paralelamente, desde su acceso al Poder Ejecutivo, la alianza Cambiemos ha tomado medidas que apuntan a la instauración de una democracia de baja intensidad. Junto con la ya aludida disposición a reprimir y criminalizar la protesta social, la presidencia de Macri ha intentado nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, ha avasallado el Congreso vetando leyes recién sancionadas y anulando otras por decretos de necesidad y urgencia, y no ha dejado de sofocar medios y opiniones críticas hasta imponer prácticamente un paisaje mediático monocromático –esfuerzo cuyo complemento es la financiación clandestina de un ejército de trolls dedicados a difamar e injuriar voces opositoras en las redes sociales–.  

El panorama proyectado tiende a la instauración de un Estado policial y autoritario, consecuente de la anulación de algunas de las garantías constitutivas del Estado Democrático de Derecho. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿puede acaso este panorama sorprendernos? Si atendemos a los reclamos de campaña de Cambiemos (“unión” de los argentinos, reivindicación del diálogo político, apelaciones a la calidad institucional y a la defensa de la República), sin duda. Pero si atendemos más bien a la matriz neoliberal de sus dirigentes, de ninguna manera; el autoritarismo de la alianza gobernante no tiene nada de sorprendente.

El sesgo antidemocrático y autoritario de las políticas oficiales –que el caso Chocobar ilustra a partir de la exaltación de la mano dura y el aval legitimado al “gatillo fácil” policial– constituye el reverso oscuro, no confesado, del Estado neoliberal. Para comenzar a entenderlo, conviene mencionar un par de referencias históricas.

En su génesis, el neoliberalismo se presentó como una propuesta reactiva. El programa político de Reagan y Thatcher, en efecto, fue concebido como un conjunto de medidas para hacer frente a una situación que se consideraba “imposible de administrar”. Esta caracterización derivaba del diagnóstico elaborado por la denominada Comisión Trilateral, el cual se plasmó en el informe The Crisis of Democracy (1975), escrito por Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki (1).

Dicho reporte concluía con un juicio taxativo sobre la “ingobernabilidad” de las democracias occidentales, situación a la que se había arribado a raíz de la creciente –y de acuerdo a los autores, “excesiva”– implicación de los gobernados en la vida política y social de sus comunidades. La crisis de gobernabilidad de los setenta, en definitiva, era atribuida a las revueltas y demandas de los movimientos sociales de los sesenta, por lo que se recomendaba a los gobiernos poner un límite a las reivindicaciones y la participación de la ciudadanía.

El neoliberalismo y la democracia liberal, por cierto, encarnan proyectos políticos antagónicos. La otra referencia histórica, también paradigmática, lo confirma. Friedrich Hayek, uno de los padres fundadores del neoliberalismo teórico, expresó abiertamente su rechazo a los principios de “soberanía popular” y de “democracia ilimitada”; las reglas del derecho privado (el de la propiedad y el intercambio mercantil) no podían estar sometidas a ningún tipo de control por una “voluntad colectiva”. Un Estado fuerte, autoritario incluso, era la mejor garantía para velar por el correcto funcionamiento del mercado. Tal como lo declaró al diario chileno El Mercurio, en 1981, bajo la dictadura de Pinochet: “Personalmente prefiero una dictadura liberal que una democracia que carezca de liberalismo” (2).

A esta luz, conviene desmontar la visión ideológica del neoliberalismo como una conjunción de mercado libre y gobierno pequeño. El propio Hayek defendía la intervención coercitiva del Estado para crear una “armadura jurídica” que protegiera el derecho privado; para ello era fundamental el monopolio estatal en el uso de la coerción pública, con el propósito de garantizar la seguridad de los agentes económicos.

El neoliberalismo le asigna al gobierno el objetivo de crear situaciones de mercado y formar individuos adaptados a las lógicas de mercado. Pero ésta nunca fue una meta que se impusiera de manera “natural”, en virtud de un proceso fluido y autopropulsado; antes bien, hubo de superar todo tipo de obstáculos y resistencias. Se revela así el carácter disciplinario, violento incluso, de este proyecto político y social.

Ahora bien, el intervencionismo coercitivo no se limita a garantizar la reproducción y el correcto funcionamiento de las situaciones de mercado. La contención punitiva de la marginalidad emergente, semblante de la nueva cuestión social que provoca la desregulación económica, es otro factor constitutivo en la construcción del Estado neoliberal. Se produce de esta manera una deliberada fusión y confusión de las cuestiones sociales y penales.

Tal como lo ha argumentado el sociólogo Loïc Wacquant, así como el neoliberalismo se ha asentado en el “Consenso de Washington” a nivel financiero, existiría un consenso homólogo en lo que respecta a la seguridad ciudadana, vale decir, una reforma punitiva de las políticas públicas que enlaza la “mano invisible” del mercado al “puño de hierro” del Estado penal (3). Contra la visión ideológica, el neoliberalismo realmente existente configura una suerte de “Estado centauro”: liberal en la cima, con la clase alta y las corporaciones, y rigurosamente paternalista en la base, con los pobres y los sectores precarizados de la clase trabajadora.

La subsunción de la nueva cuestión social en la política penal convierte al Estado neoliberal en esencialmente violento. A este respecto, los filósofos Éric Alliez y Maurizio Lazzarato son implacables en su juicio: “el neoliberalismo, para avivar mejor el fuego de sus políticas económicas depredadoras, publicita una postdemocracia autoritaria y policial gestionada por los técnicos del mercado” (4). Desde esta perspectiva, la penalidad proactiva se erige en la única respuesta efectiva para contener las consecuencias destructivas de la aplicación del programa neoliberal.

Pero la escalada punitivista no encontraría arraigo social si no tuviera su correlato en una manipulación cultural. Es por esto que el neoliberalismo del siglo XXI depende de la instalación de un clima de “guerra civil global”, un trasfondo de violencia generalizada que haga posible la “hegemonía neofascista sobre los procesos de subjetivación” (5). Esta hegemonía encuentra su apoteosis, a nivel global, en las políticas xenófobas y sexistas de Trump, mientras que en nuestro país se refleja en el virulento resurgimiento de un odio racista de clase.

La consustancial simbiosis entre el neoliberalismo y el Estado autoritario y policial es lo que verdaderamente explica el respaldo de Macri a Chocobar. Aquí no deberíamos distraernos con interpretaciones coyunturales; en todo caso, éstas sólo alcanzan a explicar la superficie de la cuestión. Sin duda, la apelación a la mano dura complace a un importante sector del electorado, justamente en un momento en que la imagen presidencial registra un notorio descenso. Según una encuesta de la consultora Opinaia, el 53% de los encuestados se manifiesta totalmente de acuerdo sobre el accionar del gobierno en el caso Chocobar, y otro 30% parcialmente de acuerdo. Sólo un 17% afirma estar totalmente en desacuerdo.  

El apoyo oficial al “gatillo fácil”, junto con el rimbombante anuncio de un “cambio de doctrina” penal, son eficaces pantallas, oportunas cortinas de humo para desviar el eje de atención de la ciudadanía desde los problemas económicos a otros temas en los que el Gobierno puede ganar popularidad. Sin embargo, ésta no es la clave de la cuestión; la clave, antes bien, está en aquello que hace posible esta eficacia distractiva, la raíz de la aquiescencia y la aprobación a esos gestos de demagogia punitivista.

Y esa raíz anida en el cuerpo y alma de la subjetividad neoliberal. Una subjetividad que en nuestras sociedades latinoamericanas fue forjada a sangre y fuego por la intervención destructiva del Estado autoritario. Sumir a los sujetos en una situación de competencia generalizada, en efecto, precisó quebrar violentamente los lazos comunitarios por un proceso de individuación, sustituir la solidaridad por la desconfianza interpersonal. La estrategia de ventilar un clima de venganza, azuzando los sentimientos más bajos de odio e intolerancia de la población, sirve hoy en día al propósito de reproducir esta situación. El respaldo y la legitimación del accionar de Chocobar, en definitiva, no es sino otra forma simbólicamente brutal de dramatizar la frontera entre el “nosotros” –los ciudadanos meritorios, respetuosos de la ley– y el “ellos” –los delincuentes amenazantes, desechables en su marginalidad–.

Notas

(1) La Comisión Trilateral fue una organización internacional fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller, en la que se aglutinaban personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres principales zonas capitalistas: Norteamérica, Europa y el Asia-Pacífico. Su objetivo fue elaborar propuestas políticas y económicas que contribuyeran a la “paz y prosperidad” de estas zonas, atendiendo a los problemas de gobernabilidad de las democracias desarrolladas y a la ruptura de los Acuerdos de Bretton Woods.

(2) Citado en La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, Christian Laval y Pierre Dardot, p. 185, Editorial Gedisa.

(3) “El matrimonio entre el workfare y el prisonfare en el siglo XXI”, Loïc Wacquant, p. 190, en Astrolabio. Nueva Época, 9. (https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/3174 )

(4) “A nuestros enemigos” (traducción al castellano de la introducción del libro Guerres et Capital), Éric Alliez y Maurizio Lazzarato. (https://comitedisperso.wordpress.com/2016/11/16/a-nuestros-enemigos/ )

(5) Ibid.